La corporación presenta los presupuestos de 2018 destinados a la atención social primaria, que han triplicado su cuantía respecto a la anterior legislatura hasta alcanzar los 12 millones de euros
La Diputació de València construye el cuarto pilar del Estado de Bienestar con su nuevo Modelo de Servicios Sociales, que se consolida este año con un presupuesto de 12.252.558 euros. El presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, han presentado este jueves los presupuestos destinados a la atención social primaria, que han cuadruplicado su cuantía respecto a la anterior legislatura.
En palabras del presidente de la corporación, Jorge Rodríguez, “no se trata de un concepto caritativo ni asistencial, sino de justicia social”. Rodríguez ha incidido en el hecho que el nuevo gobierno ha destinado en 2018 una inversión de 50 millones de euros para ayudas de carácter social y educativo, a través de diversas áreas, “por lo que los servicios sociales son uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el gobierno de la Diputació de València, considerándolos no como la cuarta pata sino como la primera”.
De esta forma, la institución provincial se suma a la iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana ‘Los servicios sociales son la cuarta pata’, una campaña de divulgación con la cual se pretende poner en valor los servicios sociales municipales y sus profesionales. Tanto es así, que la silla gigante que simboliza esa “cuarta pata” se ha instalado hoy en la Plaza Manises y permanecerá hasta final de mes. “Junto a la Generalitat y los ayuntamientos, queremos construir unos servicios sociales dignos, arraigados al territorio, bien dotados y con capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía sin discriminación”, ha resumido la responsable del área de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, encargada de distribuir la dotación. Pérez Garijo ha puesto énfasis en la consideración del derecho a los servicios sociales como cuarto pilar de la sociedad de bienestar, equiparándolo al derecho a la sanidad, la educación y las pensiones.
La diputada de Inclusión Social ha recordado que únicamente en la convocatoria de Servicios Sociales Generales, la corporación provincial ha pasado del 0,87% del presupuesto en 2015 al 2,59% en 2018. “Hemos pasado de un sistema asistencial y burocrático a uno de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social”, ha señalado.
Refuerzo de los equipos sociales de base
En sus tres años de gobierno, el esfuerzo de la Diputació para apoyar las estructuras técnicas de los equipos sociales de base ha supuesto un incremento del 478%. Este 2018 se invertirá la suma de 6.856.052 euros, lo que ha propiciado un mayor ratio de atención: de un profesional de atención directa por cada 5.400 habitantes, la cifra ha pasado a 2.091 habitantes. “La intención de esta bajada de ratio es apostar de forma seria por la inclusión social, y realizar un cambio de modelo para que ningún ciudadano se quede en el camino”, ha apuntado el presidente.
Asimismo, los representantes provinciales han señalado el incremento de la financiación y la cobertura a todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes. Concretamente, se trata de una subvención, inexistente en 2015, de 571.136 euros que beneficiará a 40 entidades locales, las cuales engloban a 147 ayuntamientos de las comarcas valencianas.
“Desde la Diputació de València, consideramos los servicios sociales y la atención a la dependencia como una inversión, ya que además de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más vulnerables, provoca retornos económicos y genera ocupación”, ha manifestado Pérez Garijo.
Otra de las líneas generales que han visto aumentada su dotación es la partida destinada a la movilidad de los profesionales. Con un 22% más que el pasado año, el área de Inclusión Social invertirá 78.382 euros a 26 entidades locales. Además, incorpora la figura del asesor jurídico, una subvención para la contratación de un abogado para el apoyo, asesoramiento y orientación a todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes.
