Rafael Lisarde y Rafael Zahonero se sentarán en el banquillo por la gestión presuntamente irregular de fondos europeos
Redacción.- Según ha publicado este lunes el diario Levante-EMV, el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha abierto juicio oral en la Audiencia Provincial contra el que fuera alcalde de Yátova, Rafael Lisarde y el exalcalde de Siete Aguas, Rafael Zahonero, ambos del Partido Popular. También se sentará en el banquillo de los acusados el ex edil del PP de Buñol y exdirector general de Formación Profesional, Marcial Díaz Garrigues.
Los tres políticos populares figuran en la causa como investigados por sendos delitos de falsedad en documento público y estafa. A esa causa también se suma Desirée Franco Latorre, funcionaria de la Mancomunidad de La Hoya de Buñol-Chiva y persona de confianza de Lisarde y Díaz, tanto en la institución supramunicipal como en la Fundación Desarroya.
El juez ha impuesto una fianza solidaria de 122.000 euros a todas las personas y entidades citadas, que serán juzgadas en la Audiencia Provincial tras un complejo procedimiento judicial, que se inició en 2015. En caso de no disponer de ese dinero, se procederá a embargarles bienes.
Hay que recordar que la investigación inicial comenzó por la denuncia presentada por los exsecretarios generales del PSOE de Buñol y Yátova y por una exfuncionaria de la Generalitat ante la Fiscalía Provincial. Las supuestas irregularidades que se investigan aquí están relacionadas con la gestión presuntamente fraudulenta de los fondos europeos Feader, en las subvenciones entregadas y ejecutadas en el programa Leader-Ruralter, que llegaron a la comarca de La Hoya de Buñol-Chiva entre 2009 y 2013. Es por ello, que la Fiscal pide 6 años de cárcel para todos los acusados así como la privación de derecho de sufragio pasivo y que se les imponga una multa de 20 euros al día durante 12 meses, unos 7.300 euros en total.
Los hechos, como señalábamos, ocurrieron entre 2009 y 2013 y están relacionados con las subvenciones que se tramitaron y se seleccionaron desde el Grupo de Acción Local de la Asociación del Llano de Chiva, y que luego eran validadas y aprobadas por Conselleria. El informe de la Fiscalía acusa a a los exalcaldes y a los funcionarios de haber obtenido, presuntamente, «el enriquecimiento particular a costa y en perjuicio de de fondos obtenidos de financiación conjunta de Fondos Europeos, Fondos Estatales y de la Generalitat Valenciana«. Se añade, que los investigados «ocuparon cargos de naturaleza pública y privada de los que se han servido de manera injusta y para su propio beneficio«.
