En la ultima sesión plenaria del mes de 3 de Marzo de 2017 del Ayuntamiento de Buñol, por cierto retransmitida por el canal de Hoyunclick , ante una situación tensa sobre informaciones y reproches de denuncias penales y administrativas iniciadas desde miembros de la corporación, el Alcalde Rafael Pérez quiso hacer una reflexión, recordando sus palabras de toma de posesión que hacían referencia a prestar servicios a los ciudadanos y dar respuestas útiles a estos , y que el tiempo apremiaba para ello.
El 14 de noviembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo General de Poder Judicial , la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. Está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha de de enero de 2017.
Este convenio de colaboración tiene por objeto establecer un protocolo de actuación en aquellos supuestos en los que, con motivo de un desahucio de vivienda usada como residencia habitual, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de la renta, a juicio de la autoridad judicial, se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la conveniencia o necesidad de intervención, comunicará dicha circunstancia a los servicios sociales de la Generalitat, dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, o de un determinado ayuntamiento, para que estos lo trasladen al organismo competente para que la Administración autonómica o local pueda adoptar la decisión oportuna y, en su caso, si se cumplen los requisitos exigidos, se incluya a los afectados por pérdida de su vivienda habitual en los programas de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Para lo cual se establece un protocolo de trabajo en el que se contempla dar información sobre sus derechos a los afectados por una situación abusiva de alguna entidad financiera que pueda dar lugar a una suspensión de la ejecución hipotecaria o forzosa , para que estos la puedan alegar ante el órgano jurisdiccional . Y asimismo establecer canales de comunicación entre órganos jurisdiccionales , que conozcan de un desahucio de la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social , y los servicios sociales para que estos puedan aportar información y justificar la resolución judicial en orden a suspender un lanzamiento de vivienda, siempre de acuerdo a las leyes procesales . O en su caso adoptar por la Administración las medidas encaminadas para la actuación de los servicios sociales .
El compromiso de la FVMyP era facilitar una guía a los Juzgados en la que se se disponga sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social de los ayuntamientos. En la Guía de recursos asistenciales de la Comunitat Valenciana, para la aplicación del protocolo de actuación en los supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social que aparece publicada en la pagina web del CGPJ . En la misma, no aparece ni el Partido Judicial de Requena , ni el Ayuntamiento de Buñol.
( ver direccion : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Todos-los-convenios/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial–la-Generalitat-y-la-Federacion-Valenciana-de-Municipios-y-Provincias–FVMP–sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social–2016- )
Los más vulnerables necesitan de información y apoyo , precisamente por eso, y por que tal vez la vulnerabilidad la genera la falta de información.
Wilches-Chaux , Doctor en Derecho Ambiental, en su libro «Herramientas para la Crisis: Desastres, Ecologismo y Formación Profesional» clasifica varias vulnerabilidades:
- Vulnerabilidad económica: la pobreza aumenta el riesgo de desastre (vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, ocio)
- Vulnerabilidad social: se produce un grado deficiente de organización y cohesión interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al saneamiento ambiental, a la nutrición infantil, ala educación o a servicios básicos) .
- Vulnerabilidad institucional: obsolescencia y la rigidez de las instituciones, en las cuales la burocracia, la prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios personalistas, impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existentes y demoran el tratamiento de los riesgos o sus efectos.
Fernando Carceller Fabregat.
Vecino de Buñol
Licenciado en Derecho.
