Rafael Pérez, edil de Urbanismo, aclara que desde el Ayuntamiento se conocía el asunto, se había detectado y requerido desde 2013 la retirada de los residuos a la empresa propietaria de los terrenos. Ahora, en 2018 habían dado comienzo a su retirada, varios días antes de que la Fiscalía solicitase al Consistorio su retirada y que abriese un procedimiento de seguridad
Referente a las informaciones publicadas esta semana por diversos medios de comunicación en las que se aseguraba que la Fiscalía de Valencia había advertido al Ayuntamiento de Buñol de la presencia de residuos tóxicos de amianto abandonados en la localidad y de que reclamase a los propietarios la retirada de los mismos, este Consistorio declara que se han seguido todos los procedimientos pertinentes con respecto a la retirada de esos residuos y que, días antes de que la Fiscalía se pusiese en contacto con este ente, “ya habían dado comienzo las obras de desescombro y eliminación de todos los residuos en la zona afectada por la empresa propietaria de los terrenos”. Así lo confirma Rafael Pérez, primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y alcalde en el momento en el que se solicitaron todos los trámites para que la empresa eliminase todos los residuos.
Pérez también destaca que el Ayuntamiento ha sido lo más diligente posible en este asunto, “tanto es así que hemos estado en contacto permanente con la Asociación de Vecinos del Barrio San Rafael, que son los más afectados, y que en todo momento conocían cada uno de los pasos que llevamos dando en este asunto desde 2013”.
Por lo tanto, el edil de Urbanismo, entiende que el Ayuntamiento de Buñol ha hecho todo el trabajo previo y posterior que se necesitaba en este asunto y que, en los momentos en los que la Fiscalía reclama la retirada de esos residuos, ya se estaban empezando a retirar por la empresa propietaria de esos terrenos.
Finaliza recordando que ya en 2013 se declaró en ruina esa zona, por lo que se ordenó la retirada de todos esos residuos. Después de alegaciones y diversos trámites, entre 2015 y 2016 el Ayuntamiento volvió a obligar a la empresa su retirada inmediata. Finalmente se cedió a ello, y en noviembre de 2017 los implicados se ponen en marcha para quitarlo todo. Para ello necesitaban la autorización de la Conselleria para retirar esos residuos y también el permiso de obras del Ayuntamiento. “Fue la semana pasada cuando ya se contaba con todos los permisos y la empresa, por tanto, comenzó los trabajos de retirada. La Fiscalía se pone en contacto con el Consistorio y ya hacía varios días que todo estaba en marcha, con todos los agentes implicados conocedores de todo el asunto”, finaliza el edil del ramo buñolense.