Detenido el autor de las amenazas que ha obligado a desalojar los centros educativos de La Hoya de Buñol-Chiva

La Guardia Civil lo ha detenido

 

Redacción.- El hombre responsable de la amenaza de asesinato masiva que ha causado el desalojo de colegios e institutos en Yátova, Chiva, Buñol y Siete Aguas ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil. El arresto se ha producido poco después de que se alertara a las autoridades sobre los correos electrónicos enviados por el sospechoso, quien, según su mensaje, habría colocado artefactos explosivos en los centros educativos mencionados.

El mensaje, firmado por una persona que se identificaba como Hugo F. P. y que afirmaba residir en Turís, incluía amenazas de muerte masiva y advertía de la presencia de armas de fuego en los centros. A pesar de que desde el primer momento se sospechaba que el autor podría estar sufriendo de algún trastorno mental, la Guardia Civil optó por tomar la amenaza con seriedad, enviando unidades especializadas a los centros afectados para realizar una exhaustiva búsqueda de posibles artefactos explosivos.

El sospechoso, que ya era conocido por las autoridades debido a sus antecedentes psiquiátricos, fue localizado y arrestado en su propio domicilio. El operativo fue llevado a cabo de manera rápida y efectiva, lo que permitió reducir la preocupación en la comunidad educativa. A pesar de la desconfianza inicial sobre la veracidad de la amenaza, la Guardia Civil actuó con cautela para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.

Además de los colegios e institutos en Yátova, Chiva, Buñol y Siete Aguas, se produjeron desalojos en otras localidades cercanas, como Loriguilla y Cheste, donde se optó por sacar a los estudiantes de los centros como medida preventiva.

La investigación continúa bajo la dirección de la Guardia Civil, que está tratando de determinar los motivos detrás de la amenaza, así como cualquier posible vínculo del detenido con otros grupos o individuos. Por el momento, el hombre está siendo interrogado por un delito de desórdenes públicos, aunque no se descartan nuevos cargos a medida que avance el proceso judicial.

 

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