La comisión de seguimiento del plan de seguridad del polígono industrial El Rincón, en Buñol, se reunió hoy para abordar los retos que enfrentan tras los daños ocasionados por la DANA. Convocada por el Ayuntamiento a raíz de una denuncia de Intersindical Valenciana, la reunión contó con representantes de las empresas, los trabajadores y el sindicato.
Entre los temas más urgentes destacan el retraso en la ejecución de medidas de prevención previamente acordadas, como la habilitación de un acceso por la parte este, que requerirá ocupar terrenos agrícolas a ambos lados del camino existente. También están pendientes la vía para servicios de emergencias, la instalación de un sistema de extinción de incendios y la designación de puntos de evacuación.
Desde Intersindical Valenciana se propone que, aprovechando la creación de accesos hacia Valencia, se desarrolle un plan integral de urbanización del suelo entre las empresas cárnicas y la conexión con la A3. Este planteamiento busca fomentar la ocupación industrial en Buñol, ya que actualmente carece de suelo industrial urbanizado adecuado, a pesar de su estratégica ubicación junto a la A3 y las conexiones ferroviarias.
El Llano se perfila como una zona ideal para este desarrollo, al no ser una área inundable, lo que garantizaría mayor seguridad frente a fenómenos climáticos extremos. La necesidad de avanzar en estas actuaciones resulta clave para revitalizar el sector industrial del municipio y evitar futuras vulnerabilidades.
España incluirá permisos laborales por emergencia climática en el Estatuto de los Trabajadores
El Consejo de Ministros aprobará hoy una reforma histórica en el Estatuto de los Trabajadores que introduce el “permiso climático”, una medida inédita en España destinada a proteger a los trabajadores ante fenómenos meteorológicos extremos. Este permiso retribuido permitirá a los empleados ausentarse del trabajo durante hasta cuatro días, siempre que exista un riesgo climático declarado por las autoridades.
La decisión, motivada por los efectos devastadores de la reciente DANA en Valencia, supone un avance en la adaptación de la legislación laboral al cambio climático. En situaciones en las que la emergencia climática persista más allá de los cuatro días, las empresas tendrán dos opciones: continuar pagando los días adicionales o implementar un ERTE.
Además del permiso, el gobierno creará el “derecho de parada verde”, que brindará respaldo jurídico a los representantes legales de los trabajadores para detener la actividad empresarial si consideran que existe un riesgo para la vida de los empleados. Esta medida amplía el artículo 21 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, fortaleciendo la capacidad de los sindicatos para actuar en situaciones de peligro sin temor a represalias.
Las empresas dispondrán de 12 meses desde la publicación del decreto en el BOE para negociar e implementar protocolos específicos frente a emergencias climáticas. Se espera que estas normativas entren en vigor antes de 2026, marcando un hito en la legislación laboral española frente a los desafíos del cambio climático.
