El PSOE de Buñol denuncia el corte total de la CV-425 como una medida “injustificada y perjudicial”

El PSOE recuerda además que la actuación acumula más de 30 años de retraso

 

Redacción.- El PSOE de Buñol ha cargado duramente contra la decisión impulsada por Diputación de Valencia -PP, VOX y Ens Uneix- de cortar completamente la CV-425, que conecta los municipios de Buñol y Alborache.

Desde la formación socialista califican la medida como “injustificada, desproporcionada y profundamente perjudicial” para el municipio y el conjunto de la comarca. Según denuncian, el cierre total de la vía supondrá un impacto directo en la vida diaria de vecinos y vecinas, afectando gravemente a trabajadores, estudiantes y empresas, que verán dificultado su acceso y su actividad económica durante al menos dos meses.

El PSOE recuerda además que la actuación acumula más de 30 años de retraso, lo que agrava la situación: “Después de décadas de espera, ahora se pretende ejecutar la obra de la forma más perjudicial posible para nuestro pueblo”, critican.

Asimismo, consideran que la decisión es “totalmente desmedida y fuera de lo habitual”, ya que este tipo de intervenciones no suelen implicar cortes totales de tráfico. De hecho, aseguran que esta solución ni siquiera estaba contemplada en el proyecto inicial.

Otro de los puntos más polémicos es el desvío del tráfico por la carretera del Río Juanes, una vía que, según denuncian, carece de arcenes, presenta numerosas curvas cerradas y no permite el cruce de dos camiones. Además, advierten de que no se han previsto autobuses más pequeños para el transporte escolar ni se ha adecuado provisionalmente la carretera, lo que califican como “pura improvisación”.

La gravedad de la situación, añaden, se acentúa al recordar que ni siquiera en los momentos más críticos tras la caída del puente de los Simones durante la DANA se planteó un cierre total como el actual.

Por todo ello, el PSOE de Buñol exige a la Diputación de Valencia que rectifique de manera inmediata y adopte alternativas que permitan compatibilizar las obras con el mantenimiento del tráfico, priorizando el interés general de la ciudadanía y del tejido empresarial frente a decisiones que consideran improvisadas.

 

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