Las organizaciones sindicales instan a los partidos políticos con representación municipal a apoyar formalmente la movilización unitaria por unos salarios dignos, el derecho a una vivienda accesible, el control del coste de la vida y la defensa blindada de los servicios públicos
Redacción.- Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han remitido de forma conjunta a los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Buñol una moción de apoyo a la convocatoria de Huelga General fijada para el próximo 11 de noviembre (11N).
La iniciativa busca que el Pleno municipal, en representación de toda la ciudadanía del municipio, exprese su respaldo institucional y político a esta jornada histórica de movilización impulsada de forma unitaria con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. Así como animan al resto de organizaciones sindicales y sociales a unirse para brindar apoyo a la moción presentada.
Los sindicatos señalan que la protesta sitúa las condiciones de vida de la clase trabajadora en el centro de las prioridades económicas y sociales. Entre las prioridades urgentes recogidas en la moción destacan la emergencia residencial provocada por la especulación inmobiliaria, la pérdida de poder adquisitivo por el trasvase de beneficios empresariales a los precios finales de bienes básicos y energía, así como la precariedad laboral que castiga de forma severa a jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables.
Defensa de los servicios públicos y del poder adquisitivo
Para CCOO y UGT, la moción presentada en Buñol apela directamente al papel central del Ayuntamiento como la administración más cercana a los vecinos y vecinas. La propuesta insta al Gobierno central y a las administraciones autonómicas a aplicar mecanismos directos de control de precios, regular el mercado de la vivienda e incentivar el alquiler protegido. Asimismo, insta a la patronal a desbloquear la negociación colectiva para garantizar subidas salariales alineadas con el coste real de la vida, reducir la jornada laboral y reducir la siniestralidad y el desgaste en la salud mental de las personas trabajadoras.
Finalmente, el texto requiere al consistorio buñolense el compromiso explícito de blindar los servicios públicos de su competencia (servicios sociales, cuidados y vivienda) para evitar que la ciudadanía deba suplir con el sector privado carencias asistenciales básicas, garantizando a su vez el pleno ejercicio del derecho constitucional a la huelga para toda la plantilla municipal.
