Realmente me preocupa la situación de presión a que se encuentra sometido el gobierno autonómico, y por ende toda la clase política gobernante incluida la local (ayuntamientos), pero de otro lado creo q es una situación que se han ganado a pulso.
Cuando se levantó el impuesto al sol (año 2018) y con ello se abrió la veda para el establecimiento de los campos fotovoltaicos, la legislación tardó dos años en definir las costuras de ese modelo de obtención de energía. Dos años en los que, como en la conquista del salvaje oeste, los ojeadores del capital se adentraron en nuestros territorios del interior con sus estacas de señalización, sorprendiendo a muchos lugareños en pueblos y comarcas, a golpe de billete de 500€ y poco más, arrogándose derechos sobre tierras inermes de cultivo tradicional o en multitud de casos herencias onerosas para quienes medraron gracias a ellas y que con estas plantaciones fotovoltaicas hacen cuentas de la lechera firmando contratos de probado riesgo, a mayor abundamiento, la inacción connivente en muchos casos de los alcaldes y partidos de gobierno. Es cierto que el libre comercio permite la compraventa o alquiler de una propiedad, pero a quien primero visitaron los dueños de los dineros fue a estos representantes públicos electos por el conjunto de vecinos de esas poblaciones.
Estos los recibieron como si de «Bienvenido Mister Marshall» se tratara, sin valorar, salvo honrosas excepciones, el bien común que nuestra constitución consagra por encima de intereses especuladores y/o particulares. La paupérrima situación agraria y la promesa de unos ingresos regulares («un sueldo para toda la vida») disolvieron, si es que las había, cualquier reticencia ecologista o medioambientalista, además de dirigir las miradas de los «colonizadores» a determinados entornos del territorio, siguiendo con el símil del Oeste Americano. Les pusieron guías locales que por cuatro duros les indicaron donde y con quién negociar, incluso hicieron de intérprete.
El diseño de la legislación (ley 14/2020 del DOGV) dejó fuera de la misma las competencias de gobiernos locales. Eso sí: para no cargar con toda la responsabilidad pidieron que el consistorio expidiera el Certificado de Compatibilidad Urbanística, patente de corso cual aquellos AU, Agente Urbanizador, que construían PAI’s urbanos por encima de la voluntad de sus propietarios.
¡¡¡Compatibilidad Urbanística en suelo no urbanizable común!!!, menudo oximorón, aunque sin dicho certificado igual podía seguir adelante la solicitud de instalación de las PF.
Que quiero decir con esta perorata, que los representantes electos y aquí los pongo a todos, unos por acción, otros por omisión y otros por intereses poco confesables o presuntamente prevaricadores incluso, nos han vendido, han vendido nuestro territorio, legislando con el viento a favor, un traje a medida de las multinacionales de la energía, de los oligopolios y de los grandes capitales (fondos buitre) que como su nombre indica se comen todo lo que no es capaz de ofrecer resistencia para ahuyentarlos.
Y ahora cuando los representados, nosotros los que les votamos, los que les pusimos en sus escaños elevados para mirar más lejos y poder ver con antelación por donde nos atacaban, vemos la gravedad del daño inflingido y nos preguntamos que hacer para detener esta invasión, los buitres muestran sus garras guarnecidas de impolutas puñetas que nos advierten de las consecuencias onerosas que para las arcas públicas tendrá cualquier oposición a la colonización a la que estamos abocados.
Luis Alís León
